Lo que hay al sur del río Duero, no es una situación
de control del lobo, «sino de descontrol», según
el presidente de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, que se lo trasladó así al comisario
europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik,
con el que abordó la «problemática» que estos
animales causan en el sur de la comunidad y
el «contrasentido» de que en un misma región
haya dos regímenes diferentes, al norte y al
sur del río que Herrera califica como «padre».
En ambas el lobo ibérico es especie protegida,
pero al norte se puede cazar, mientras que
al sur no, porque cuenta con la protección
especial de la Directiva Hábitat. Cambiarla
sería «demasiado farragoso», por eso, Potocnik,
apoyado por su equipo jurídico, se comprometió
ayer a buscar «instrumentos» y «fórmulas
reglamentarias» que se puedan aplicar y que
permitan avanzar hacia «un escenario en el
que el lobo se pueda controlar a través de la
actividad cinegética» en toda la comunidad.
De esta manera, esta especie seguiría estando
protegida «siempre bajo el control de la
Comisión Europea», expuso el presidente,
pero se pondrían en marcha «fórmulas» que
permitieran que su control se hiciera, en toda
la comunidad, a través de la caza. En definitiva,
se trata de «dar satisfacción a la lógica de una
demanda que no quiere descontrolar una
especie protegida».
La Directiva Hábitat de protección de especies
permite, según fuentes europeas, que se capturen
animales si está justificado porque suponen un
peligro para las personas o el ganado.
Para Potocnik la situación del lobo ibérico
en España no era nueva, recientemente se la
trasladó el ministro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete, de ahí que, según Herrera, conociera
bien el problema y se ofreciera para buscar
una «vía de trabajo» que permita dar un
resultado positivo para unos intereses «legítimos».
En este sentido, el presidente destacó la «buena
disposición» que encontró en el comisario. del ramo.
Según datos de la Junta, en la comunidad hay
22.000 explotaciones –que aglutinan un total
de 3,2 millones de reses– y cada año se registra
en torno a un millar de ataques de lobo, la mitad
de ellos, en explotaciones ubicadas al sur del río
Duero, donde la población de lobos supone «apenas»
el 15% del total.
Consecuencias irreparables:
Más espinoso es el otro asunto que llevó el
presidente al despacho de Potocnik, el futuro
de la minería a cielo abierto en la provincia de
León, después de que una sentencia del Tribunal
de Justicia Europeo, de 24 de noviembre de 2011,
condenara a España por autorizar la explotación
de minas a cielo abierto en la zona protegida del
Alto Sil (en la leonesa comarca de Laciana) sin
evaluar su impacto medioambiental, ni sobre
especies en peligro como el urogallo, y exigiera
el cierre de todas las actividades mineras de
extracción de carbón a cielo abierto en la zona.
Las sentencias se cumplen, asegura el comisario,
que también mostró su disposición a consultar
con los servicios jurídicos de la Comisión, «el grado
de disponibilidad en la aplicación estricta de la
sentencia y comunicar cuál fue su decisión final»
sobre la corta de Fonfría, para analizar la posibilidad
de que siga abierta hasta el fin de su vida natural.
Es la última mina que permanece activa en la comarca
del Alto Sil leonés.
Todo mientras, de manera paralela, la Comisión
Europea y la Junta de Castilla y León trabajan
para contar, en un plazo entre seis y ocho meses,
con un plan regional que garantice el futuro de
las actividades en la comarca, lo que permitirá
«solapar los dos procesos, por un lado, darle
futuro, reordenar y legalizar plenamente las
actividades económicas, y por otro, cumplir
el último fleco de la sentencia del 24 de noviembre
de 2011». De hecho, el comisario europeo ya
tiene formalizado este plan que «vendría a garantizar»
las actividades futuras de la zona en las comarcas
de Alto Sil y Babia.
Herrera trasladó ayer el propósito del Ejecutivo
autonómico de hacer conciliables las obligaciones
y las exigencias que se derivan de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea
y recordó que el cierre de las minas a cielo abierto
supondría la pérdida de 2.000 empleos en las
comarcas mineras, el 60% de la población activa.
Son, sentenció Herrera, «consecuencias absolutamente irreparables». En tono irónico, pero serio a la vez
expuso que el fin de la minería tradicional podría
llevar a estas zonas del noroeste leonés a ser
«un maravilloso paraíso natural», pero donde
la vida de las personas «estuviera completamente
ausente» porque carecerían de un empleo con el
que subsistir y mantenerse en ellas. «Por activa,
por pasiva y por perifrástica» Herrera le insistió
al comisario que «están en juego» dos millares de
empleos, una cifra nada desdeñable si se tiene en
cuenta la actual situación económica y la tasa de
paro de España.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo acusa
a España de no adoptar las medidas necesarias
para evitar el deterioro de los hábitats, del espacio
natural de las especies del oso y el urogallo y las
perturbaciones que les ocasionan por la explotación
de 'Feixolín', 'Fronfría' y 'Ampliación de Feixolín'.
A este respecto, la Junta de Castilla y León
acordó el pasado 23 de febrero el allanamiento
judicial a las pretensiones de anulación de las
autorizaciones de Nueva Julia, Ampliación
de Feixolín y Los Ladrones.
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